El decreto reforma la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, vigente desde 2015.
La reforma tiene como objetivo implementar mecanismos de protección, promoción, prevención y respuesta ante los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente en su labor de defensa de los Derechos Humanos, el entorno natural, los recursos naturales y los bienes comunes.
La legislación hondureña obliga al Estado a implementar programas de alerta temprana y prevención en comunidades donde se identifiquen conflictos socioambientales derivados de proyectos extractivistas, como la minería, la explotación petrolera y otras actividades relacionadas.
El decreto establece el 24 de enero de cada año como el “Día del Defensor de los Bienes Naturales y Comunes en Honduras”, en honor a la labor del ambientalista Juan Antonio López, y lo declara como una celebración nacional sin suspensión de labores.