Se ha advertido que es ilegal que las empresas utilicen medidas coercitivas, como el despido o la suspensión de sus empleados, para obligarlos a movilizarse en contra de la ley tributaria.
La Secretaría llevará a cabo investigaciones para determinar si estas empresas están manipulando a sus empleados de manera malintencionada o si están tomando medidas que puedan afectarlos de manera injusta.
El gobierno de Xiomara Castro tomará medidas para proteger los derechos de los trabajadores en caso de que se detecten estas prácticas ilegales por parte de las empresas.