By La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que es uno de los proyectos centrales del Gobierno del presidente Javier Milei, quedó rodeada de una nueva polémica luego de que diversos sectores denunciaran que uno de sus capítulos entrega por 30 años la explotación de recursos naturales estratégicos a empresas extranjeras pero sin recibir nada a cambio.En los últimos días, las siglas RIGI comenzaron a popularizarse en el país sudamericano. Se refieren al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que la Ley Bases reforma de manera integral supuestamente para atraer capitales extranjeros.»Representa un saqueo autorizado», «Es el estatuto legal del coloniaje», «Pone al país en venta», «Se pierde soberanía», «Es un delito disfrazado de políticas públicas», «Será competencia desleal», «Terminará con la industria y el empleo nacional», son algunas de las advertencias lanzadas por políticos opositores, periodistas, activistas ambientales y economistas.
El escándalo va en aumento, ya que la ley fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados sin que este capítulo fuese cuestionado.Pero, en cuanto llegó para su discusión en el Senado, que deberá ratificarlo o rechazarlo, se multiplicaron las voces de alerta por las implicaciones económicas, políticas y sociales de una reforma que afecta los sectores agroindustriales, de infraestructura, forestales, de minería, gas, petróleo, energía y tecnología.En términos generales, el proyecto mileísta permite que empresas extranjeras operen en Argentina casi sin pagar impuestos, que importen todo tipo de insumos y exporten productos sin cubrir ningún tipo de tasa, que exploten los recursos naturales y que se lleven las ganancias.
