By El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este lunes la ley que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine.
La información sobre la firma de la ley apareció en la base de datos de la Duma del Estado (Cámara baja de Rusia).
Anteriormente la ley fue aprobada por la Duma del Estado y por el Consejo de la Federación de Rusia (Senado).
La nueva norma introduce multas de hasta 10 millones de rublos (165,200 dólares o 160,500 euros) por violar la legislación.
La legislación supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía la prohibición de la “propaganda LGBTQ+” entre menores a los adultos, e incluye la pedofilia y llamamientos al cambio de sexo entre adolescentes.
El proyecto de ley ha sido duramente criticado por asociaciones LGBTQ+ y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que ya señaló tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso y que alcanzará un nivel completamente nuevo.
La legislación considera propaganda LGBTQ+
“la difusión de información o acciones públicas dirigidas a la formación de actitudes sexuales no tradicionales, su atractivo y de ideas distorsionadas de la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”.
Por otra parte, la ley introduce multas por la “propaganda” LGBTQ+ para los ciudadanos de hasta 100,000 rublos (1,650 dólares o 1,600 euros), que ascenderán al doble si se trata de funcionarios.
La misma “falta” incurrida por una persona jurídica acarreará una multa de un millón de rublos (16,650 dólares o 16,000 euros).
Estas sanciones se multiplicarán por dos en casa de propaganda LGTBQ+ entre menores.
Las mayores multas serán impuestas por “propaganda” de la pedofilia, que para los ciudadanos serán de hasta 400,000 rublos (6,600 dólares o 6,400 euros) y que se multiplican si los sancionados son funcionarios.
Para personas jurídicas la sanción económica asciende a hasta 10 millones de rublos (165,200 dólares o 160,500 euros).
En determinados casos las personas jurídicas podrán ser castigadas hasta con 90 días de suspensión de actividades.
