By El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir logró el auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la audiencia inicial de la causa penal de los hermanos Amado Sergio y Martín de Jesús Herrera Mairena, junto con la esposa de este último, Vilma Suyapa Martínez Fuentes. Los tres fueron acusados de lavado de activos, asociación para delinquir y, en el caso de los hermanos, también de homicidio en grado de tentativa.
Durante una extensa audiencia de 12 horas, el equipo fiscal presentó pruebas contundentes que respaldaban los cargos imputados. El juez, con jurisdicción nacional, determinó que los hermanos Herrera Mairena permanecerán recluidos en el centro penal de Llama, Santa Bárbara, mientras que Vilma Suyapa Martínez Fuentes será trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.
Estas capturas y aseguramientos de bienes fueron posibles gracias a las diligencias conjuntas realizadas por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Buró de Investigaciones Federales (FBI). Las acciones se llevaron a cabo en diferentes ciudades de Honduras, como Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, Tela y San Pedro Sula, como parte de la Operación Atenea ejecutada el pasado lunes.
Estas acciones surgieron a raíz de la captura realizada el 6 de diciembre de 2022 en Austin, Texas, por parte del FBI, contra el líder de esta estructura, Carlos Humberto Lara Martínez, alias «Kuki». Este individuo enfrenta cargos de posesión con intención de distribuir metanfetamina y posesión de armas de fuego como una persona en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Además, se confiscaron bienes por un valor superior a los 200 mil dólares, así como 8.6 kilos de metanfetamina y 1.5 kilos de cocaína, entre otros.
A través del intercambio de información entre agentes del CAT y el FBI, se descubrió que en Honduras, miembros del núcleo familiar de «Kuki» se asociaron con el objetivo de legitimar el dinero y los activos obtenidos ilícitamente en el extranjero, alejándolos de su origen delictivo. Esto ocasionó un perjuicio económico al Estado de Honduras por un monto superior a los 40.8 millones de lempiras (L. 40,856,786.39), provenientes de remesas.
En total, se identificaron 11 bienes inmuebles, siete vehículos, dos sociedades mercantiles y 29 productos financieros adquiridos ilícitamente, los cuales incrementaron su patrimonio sin justificación. Se ejercerán medidas de aseguramiento y congelamiento de estos activos, los cuales serán entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), proceso que concluyó el pasado miércoles.
