By Un total de 22 estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra el estado de Nueva York, argumentando que una nueva ley que obliga a un grupo de grandes productores de energía a aportar 75.000 millones de dólares a un fondo para cubrir daños por el cambio climático es inconstitucional.
La ley, conocida como Climate Change Superfund Act, exige a las principales compañías de combustibles fósiles realizar pagos durante los próximos 25 años, calculados en función de sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2018. Esta medida busca responsabilizar a las empresas por los impactos ambientales vinculados a su actividad en el pasado.
Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte oposición de varios estados liderados por Virginia Occidental, que consideran que esta legislación representa una extralimitación del poder estatal y podría sentar un precedente para la imposición de políticas similares en otras jurisdicciones. La demanda fue presentada en Albany e incluye como demandados a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a otros funcionarios estatales.
¿Por qué 22 estados demandan a Nueva York?
La coalición de estados, encabezada por el fiscal general de Virginia Occidental, JB McCuskey, sostiene que la ley de Nueva York impone una carga financiera injusta a un grupo reducido de empresas de energía. “Esta demanda busca evitar que estas políticas equivocadas conduzcan a Estados Unidos hacia una crisis energética, permitiendo que China, India y Rusia superen nuestra independencia energética”, declaró McCuskey en un comunicado.
La demanda argumenta que la ley intenta responsabilizar a las compañías por emisiones globales de gases de efecto invernadero, sin considerar que el carbón, el petróleo y el gas natural han sido fundamentales para el desarrollo económico de Nueva York en el pasado. Además, los estados demandantes sostienen que la medida podría tener repercusiones económicas negativas al encarecer la energía y afectar a los consumidores.
